📅 26 de septiembre de 2026🏷 Categoría: Noticias⏱ 5 min de lectura

Brasil prohíbe las apuestas y el casino online — todos los sitios con licencia se apagan el 6 de octubre

El 25 de septiembre de 2026 el presidente Lula firmó la Medida Provisória 1.394, publicada el mismo día en el Diário Oficial da União y en vigor de inmediato. Prohíbe la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de apuestas de cuota fija y de juegos de casino online en Brasil. Los nuevos depósitos se detuvieron en el acto. Todos los sitios con licencia deben estar fuera de línea el 6 de octubre. Veinte meses después de abrirse como mercado regulado, Brasil cierra.

El calendario

  • 25 de septiembre — se publica la MP 1.394; se prohíben los nuevos depósitos.
  • 5 de octubre, 23:59 — último momento para que los jugadores retiren sus saldos.
  • 6 de octubre — todos los sitios y aplicaciones de apuestas y casino con licencia quedan fuera de línea.
  • 7–8 de octubre — los operadores comunican los saldos restantes a los bancos.
  • 9–14 de octubre — los bancos devuelven los fondos a los clientes; la Caixa Econômica Federal gestiona lo que quede después.
  • En un plazo de 120 días — el Congreso debe confirmar o rechazar la medida; de lo contrario, decae.

Qué se prohíbe exactamente

La medida abarca la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de lo que en Brasil se denomina bets. Es decir, tanto las apuestas deportivas de cuota fija como los juegos de casino online, en entornos físicos y virtuales. Los formatos tradicionales de lotería que cuentan con su propia autorización legal no se ven afectados.

Es más amplia que los proyectos de ley que ya avanzaban en el Congreso, que trataban por separado las apuestas de cuota fija, la publicidad y los juegos de casino. La medida provisional lo abarca todo a la vez, y no esperó a una votación.

Ochenta y cinco autorizaciones, y ninguna indemnización

Brasil concedió 85 autorizaciones a aproximadamente R$30 millones cada una, unos R$2,55 mil millones pagados al Gobierno federal. Como una sola autorización podía amparar más de una marca, cerca de 200 sitios web autorizados operaban bajo ellas.

La medida establece que la extinción de esas autorizaciones obedece a un motivo de interés público y no genera ningún derecho a indemnización — ni por lucro cesante, ni por las inversiones realizadas, ni por la expectativa de continuidad, ni tampoco el reembolso de la tasa de autorización. Esa frase es la que todo operador y proveedor con exposición a Brasil está leyendo ahora con un abogado.

El proyecto de ley penal que la acompaña

Un proyecto de ley independiente, enviado junto con la medida, crearía cinco delitos:

  • Explotar apuestas de cuota fija — de 4 a 6 años de prisión.
  • Hacer publicidad o captar jugadores — de 2 a 4 años y multa.
  • Usar indebidamente datos personales para dirigirse a apostadores — de 2 a 4 años y multa.
  • Proporcionar la infraestructura financiera — de 2 a 4 años y multa.
  • Suministrar aplicaciones de apuestas — de 2 a 4 años y multa.

Las penas se agravan cuando se explotan datos de salud o historiales de apuestas, o cuando el objetivo son menores. Los puntos cuarto y quinto son los que cambian el cálculo para los proveedores de pagos y de software, no solo para los operadores.

Los argumentos del Gobierno y la cifra del otro lado

La Administración cifró el coste anual del juego en R$38,8 mil millones, de los cuales unos R$30,6 mil millones — casi el 79 % — están relacionados con la salud, y citó un aumento de aproximadamente el 140 % en las consultas relacionadas con el juego en el sistema público de salud entre 2018 y 2025.

Al otro lado de la balanza: los operadores regulados pagaron alrededor de R$8,7 mil millones en impuestos solo entre enero y julio de 2026, y el mercado sin licencia ya se estimaba en torno al 41 % de toda la actividad de apuestas mientras funcionaba el mercado con licencia. Aproximadamente 1,2 millones de jugadores habían registrado autoexclusiones dentro del sistema con licencia — una herramienta que solo existe allí.

Qué significa esto si usted suministra a este mercado

No está decidido. Una medida provisional tiene fuerza de ley desde su publicación, pero el Congreso dispone de 120 días para confirmarla o rechazarla. En el momento de redactar este artículo no se había designado ponente ni se había programado ninguna votación. Planifique en función de la prohibición, pero no borre a Brasil del mapa dando por hecho que esta es la situación definitiva.

La demanda no desaparece el 6 de octubre. Con el 41 % de la actividad ya fuera del canal con licencia antes de la prohibición, lo realista es que se desplace la cuota y no el volumen. La diferencia es que, tras esta medida, suministrar la aplicación o la infraestructura de pagos a ese canal conlleva una exposición penal que antes no existía.

El contenido debe redirigirse, no apagarse. Para los proveedores, el trabajo práctico de las próximas dos semanas consiste en deshacer la configuración específica de Brasil — disponibilidad de proveedores, métodos de pago, lobbies en portugués, lógica de bonos local — y orientar esa capacidad hacia el resto de la región. Perú, Colombia, México y las provincias argentinas no cambiaron el 25 de septiembre.

Revise sus contratos a la luz de la cláusula de indemnización. La medida elimina la reclamación del operador contra el Estado. No resuelve qué ocurre entre los operadores y sus proveedores, y los acuerdos de revenue share redactados para un mercado que ya no existe tendrán que revisarse línea por línea.

Redirigir, no reconstruir

La misma integración que daba servicio a Brasil da servicio al resto de la región. Disponibilidad de proveedores, infraestructura de pagos y certificación confirmadas por mercado antes de acordar una fecha de lanzamiento.

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Basado en la Medida Provisória 1.394 del 25 de septiembre de 2026, publicada en el Diário Oficial da União, y en informaciones de Agência Brasil, Gaming Intelligence, SBC News y Rio Times. Las cifras de costes sanitarios y el tamaño del mercado sin licencia son estimaciones del Gobierno y de terceros, no totales auditados. El proyecto de ley penal que acompaña a la medida no se ha votado.

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